EL SENADO, UNA VEZ MÁS

Sobre el debate de la reforma territorial, un debate inacabado y recurrente

Una nueva colaboración de Francisco López Romito Publicado también en el blog FABIANOS

Del 15 al 19 de Julio pasado, el Instituto Jaime Vera y la Secretaria de Formación de la CEF del PSOE, en los Cursos de Verano de la UCM 2013 en El Escorial, desarrollaron un curso bajo el título de LA REFORMA FEDERAL DEL ESTADO ESPAÑOL.

Conferenciantes y participantes en las distintas mesas redondas fueron académicos o dirigentes socialistas de diferentes territorios de España. Ello permitió contar con visiones plurales, al tiempo que conjugar aproximaciones teóricas y prácticas.

Se pusieron de manifiesto coincidencias básicas tales como considerar a nuestro Estado de las Autonomías dentro de los modelos federales existentes; entender que el texto constitucional ha alcanzado su máximo desarrollo y que, a la luz de la experiencia, es imperioso abordar una reforma constitucional que de cauce a la consolidación y perfección del modelo.

Es obvio decir que, a lo largo de las exposiciones y debates, el Documento de Granada de los Secretarios Generales del PSOE fue una referencia insoslayable, en la medida en que entre la potenciación mutua de los nostálgicos de la centralización y los propaladores de la dispersión, procede plantear la profundización federal para superar las deficiencias actuales y lograr la necesaria coherencia estructural y eficacia funcional del sistema.

A nadie se le ocultan las dificultades a superar para alcanzar las mayorías parlamentarias y el logro de consenso político y social necesarios para la reforma constitucional.

Cosas que no debieran ofrecer dudas, como incorporar en el art. 137 CE a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas – con sus denominaciones actuales – formando parte de la Constitución como instituciones indisolubles de la estructura del Estado Español, no pueden darse por aceptadas sin más.

Los principios que los socialistas consideramos indisolubles al concepto de Federación: unidad, diversidad, solidaridad, colaboración, lealtad e igualdad, difícilmente encuentren significados unívocos o similares por parte de los ciudadanos individual o grupalmente.

Para qué decir del concepto de soberanía nacional que en nuestra Constitución, como en todas las Constituciones Federales, reside en el pueblo del conjunto de la Federación y no en sus partes.

Por último y no menos importante y difícil, es dar solución constitucional al modelo de financiación autonómica, necesariamente derivado de la distribución de competencias, con el añadido del papel que necesariamente deba tener la Administración Local.

“El Senado es la cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE)

Efectivamente, esa es la definición de la carta magna, aunque sea general la constatación de su inadecuación al grado de desarrollo de nuestro Estado Autonómico. Un ex Senador llegó a afirmar que el Senado ni siquiera cumple la función de Cámara de segunda lectura, siendo más propio calificar su trabajo como de corrección gramatical.

Hubo coincidencia general en orientar el futuro del actual sistema en términos de lo que se ha dado en llamar Federalismo Cooperativo. La propia composición actual del Senado dificulta su actuación en ese sentido, como ámbito no sólo legislativo (el Senado actual no tiene la iniciativa legislativa en aquellas materias que afectan a las Autonomías), sino de encuentro intergubernamental en el que se puedan establecer encuentros y llegar a acuerdos colectivos, bilaterales, etc.

Es cierto que diferentes gobiernos de España instituyeron la Conferencia de Presidentes, el Consejo Sectorial de Política Fiscal y Financiera y otros Consejos Sectoriales. Pero debe admitirse que su funcionamiento deja mucho que desear pues retienen en manos del Gobierno Central la capacidad de convocatoria y formulación del Orden del Día. Opinamos que esas instituciones deberían residenciarse en el Senado, con una normativa que las dotase de funcionamiento regular y abriese la capacidad de convocatoria y formulación de temas a tratar tanto al Gobierno Central como a un número razonable de Gobiernos Autonómicos. Permitir, también la concreción de reuniones bilaterales o grupales. A pesar de su incipiente experiencia ya han demostrado su potencialidad para llevar a cabo y escenificar la necesaria cooperación, concreción de acuerdos y discusión y elaboración de decisiones, muchas de las cuales podrían trasladarse al Senado para su tratamiento legislativo.

Los padres de la Constitución del 78 no podían saber cómo se estructurarían los territorios, así que echaron mano de las Provincias y aplicaron un factor corrector por Comunidad Autónoma en función de su población. A la vista de la experiencia el resultado fue un Senado excesivo con 266 Senadores (Xª Legislatura) y alejado de todo criterio de proporcionalidad y equilibrio en la representación de las diferentes CCAA.

De todos modos, el resultado fue la conformación de un Senado mixto de elección directa por los ciudadanos y designación indirecta por los Parlamentos Autonómicos. Fórmula que tiene defensores basados en que la designación por los Parlamentos Autónomos facilitan una representación más acorde con la pluralidad política de cada Comunidad Autónoma. En mi opinión, la elección directa de los Senadores, garantiza el reflejo de la pluralidad, al tiempo que otorga un plus de representatividad democrática frente a su designación por los Parlamentos. Esto último, estaría más acorde con la reclamación de mayor participación de los ciudadanos en el sistema político. Además, tratándose de “candidaturas individuales a efectos de votación y recuento”, aunque puedan aparecer en las papeletas de votación ordenados por Partidos, los Senadores ganan un alto grado de autonomía frente a los aparatos dirigentes de los Partidos.

Hay quienes sustentan el criterio de representación autonómica a través de los propios Gobiernos, complementados o no con Senadores electos directamente o designados indirectamente. Quienes sustentan este modelo, dirigen su mirada a la República Federal de Alemania. Se apoyan en que de esta forma adquiere mayor valor la cualidad de Cámara de Representación Territorial, pues otorgan un plus a los Gobiernos en la defensa de los intereses de su territorio frente a los Senadores electos por voto directo. Digamos que en los Estados Federales como el de EEUU y Argentina, por ejemplo, la práctica no corrobora ese aserto. Por otra parte, en nuestra realidad, parece aventurado afirmar que los Gobiernos Autonómicos vayan a representar la pluralidad política de sus respectivos territorios. Y, finalmente, la posible lectura de los Partidos Nacionalistas sería la de un Estado Confederal más que Federal, con todas las consecuencias previsibles.

El formato de Senado integrado por Senadores elegidos por votación individual y directa por Comunidad Autónoma, Presidentes Autonómicos como Senadores natos y órganos de encuentro y cooperación intergubernamentales residenciados en el Senado, parece una propuesta adecuada a la madurez del sistema autonómico así como a la necesaria profundización democrática de nuestro sistema político.

Para finalizar, un cuadro comparativo de la composición actual del Senado y la resultante de una posible propuesta consistente en: Dos Senadores elegibles por Comunidad Autónoma más uno por cada millón de habitantes o fracción mayor a 500.000. Un Senador elegible por Ciudad Autónoma. Diecinueve Presidentes de Comunidad y Ciudad Autónomas como miembros natos del Senado.

COMPOSICIÓN DEL SENADO		Senadores
	Población	Actual	Propuesta
TOTAL NACIONAL	46.815.916	266	101
ANDALUCIA	8.371.270	41	11
ARAGÓN	1.344.509	14	4
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	1.075.183	6	4
BALEARES, ISLAS	1.100.503	7	4
CANARIAS	2.082.655	14	5
CANTABRIA	592.542	5	4
CASTILLA – LEÓN	2.540.188	39	6
CASTILLA -LA MANCHA	2.106.331	23	5
CATALUÑA	7.519.843	24	11
COMUNIDAD VALENCIANA	5.009.931	18	8
EXTREMADURA	1.104.499	10	4
GALICIA	2.772.928	19	6
MADRID, COMUNIDAD DE	6.421.874	11	9
MURCIA, REGIÓN DE	1.462.128	6	4
NAVARRA, COMUNIDAD FORAL	640.129	5	4
PAIS VASCO	2.185.393	15	5
RIOJA, LA	321.173	5	3
CEUTA	83.517	2	2
MELILLA	81.323	2	2

Fuente: INE Censo de Población 2.011
Senado de España y Elaboración Propia.

Hay quienes objetarán una reducción tan drástica del número de Senadores, argumentando el riesgo de limitar la capacidad operativa de la Cámara. A estos baste con señalar que ello dependería de la apoyatura técnica puesta a disposición de los Senadores y recordar que el Senado de los EEUU cuenta con 100 Senadores en representación de 50 Estados Federados. Por otra parte, al reducir el número de representantes por Comunidad Autónoma estos adquieren una mayor visibilidad ante los electores, facilitando el seguimiento de su gestión.

¡¡Que vienen los expertos!!

Un nuevo artículo de nuestro compañero Francisco S. López Romito 

Desde el diseño y puesta en marcha del actual sistema de pensiones, allá por los años 80, ha sido inocultable la preocupación en los medios académicos, gestores públicos, legisladores, medios de comunicación y los afectados presentes y futuros, acerca de la sostenibilidad financiera y equidad social del sistema.

Esto llevó a otorgarle un verdadero carácter de Política de Estado que se concretó en el llamado Pacto de Toledo, que no significa otra cosa que asumir, por parte de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, la obligación de buscar el consenso político-social al margen de los intereses particulares o ventajas circunstanciales.

Con la explosión de la última crisis financiera del capitalismo y la recesión económica que padecemos en España, se han hecho evidente amenazas a la suficiencia financiera debido a la tendencia creciente de perceptores y disminución de contribuyentes.

Son innumerables los estudios y artículos publicados que insisten en el imparable envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el incremento del cociente entre pensionistas y aportantes.

A lo largo de estos treinta años se han ido introduciendo mejoras en el sistema y adecuaciones a la evolución demográfica y del empleo. Siempre bajo el criterio de asegurar la continuidad de un sistema público y de reparto, único capaz de contribuir – significativamente – a la creación de una sociedad cohesionada, económica y socialmente equilibrada.

En general, los oscuros augurios de las prospecciones y opiniones publicadas adolecen, en mi modesta opinión, de dos fallas importantes.

Primero; considerar el déficit de rejuvenecimiento como incontestable, rechazando a futuro el factor inmigratorio como compensador, basándose sólo en lo ocurrido en los dos últimos años y negándose a observar este fenómeno en términos temporales amplios. ¿Se puede pensar que el abultado diferencial de renta entre nuestro país y los países emisores de emigrantes hacia España, no seguirá siendo un potente imán de atracción en el futuro?

Segundo; o no se introduce en los esquemas el necesario cambio de modelo productivo -verde, sostenible, tecnológicamente avanzado, basado en el conocimiento- y de ampliación de los grandes servicios públicos que consoliden nuestro estado del bienestar, o se descarta que puedan incrementarse las tasas de actividad y de empleo para mejorar el cociente entre pensionistas y contribuyentes.

Es conveniente convenir que en un próximo futuro, a pesar de los ajustes que puedan instrumentarse dentro del sistema, este se enfrente ante una insuficiencia financiera y deba recurrirse a la complementación de las contribuciones con recursos vía impuestos.

¿Por qué escandalizarse ante esa perspectiva cuando ya se procede así en las coberturas no contributivas a desempleados y pensionistas?

Parafraseando a Felipe González; si en 1985 el PIB per cápita español era de 5.900 € y se pudo universalizar el sistema de pensiones que hoy tenemos, por qué no podemos mantenerlo a futuro cuando nuestro PIB per cápita, en plena recesión,  ronda los 22.500 €. Y para los que miran hacia otro lado tratando de disimular su capacidad contributiva, habrá que recordarles que en España todavía tenemos un retraso de, al menos,  diez puntos en presión fiscal respecto a los países europeos equiparables.

Y en eso estábamos cuando llegaron los “expertos” del Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por la patronal de la industria aseguradora Unespa.

Con la autoridad propia de su experiencia nos dicen que no insistamos, que no hay salida y que como muestra de su preocupación nos traen la buena nueva.

Veámosla, pues.

Hay que pasar de la prestación definida actual, a la aportación definida del nuevo sistema. Olvidémonos de edades de jubilación, de años de cotización, de escalas de aseguramiento y otras obligatoriedades. Cada uno irá formando su plan como le apetezca, durante el tiempo que le parezca a través de una fórmula tan sencilla y revolucionaria como la de la ecuación E=mc2 de Einstein.

“En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación o su quinta.”

Pero no os preocupéis porque seguiría siendo un sistema de reparto, no entre los que aportan más y los que aportan menos, sino entre los que vivan menos y los que vivan más, respecto de la expectativa de vida media utilizada para el calculo de la pensión anual.

Es obvio que estos “expertos” no han reparado en que es ya sabido que las personas sometidas a condiciones de trabajo más duras, los con menores niveles educativos y peores condiciones de vida e ingresos más bajos, tienen expectativas de vida inferiores.

De reparto sí, pero de abajo hacia arriba.

Porque además,  “Este mecanismo,… proporciona el conocimiento suficiente como para modular qué parte del ahorro se quiere dedicar, si se estima necesario, a mecanismos de capitalización individual.”

¿A quién pretenden engañar con una propuesta que bajo la tapadera del “reparto” lleva directo a un sistema de capitalización?

Y se les ve la patita.

Primer paso, asimilar el sistema público a los sistemas privados de aseguramiento. Segundo paso, con el estribillo de la libertad individual, cargarse la universalidad y abrir el juego a la voluntariedad de adscripción al sistema público o al privado. Tercero y último paso; liquidar el sistema público universal y de reparto y seguir alimentando las arcas y la gula del capital financiero.

El que avisa no es traidor.

Por supuesto, “El nuevo sistema supondría la exclusión del mecanismo contributivo de la viudedad y pensiones asistenciales, y financiarlas con impuestos.”

Además, deberá “tener también elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos.”

Como si no tuviésemos suficiente experiencia en eso de restaurar equilibrios financieros cuando se descuadran las cuentas de los poderosos de siempre.

Cuándo vamos a dejarnos de timideces y verdades a medias y aceptaremos que de la capacidad de generar excedente de un país –el de todos– se deberán dedicar recursos complementarios vía fiscalidad para asegurar condiciones de ingreso y de vida dignas a nuestros mayores.

Por último, que el señor Leal – expresidente de la patronal bancaria -  haga honor a su apellido en ese grupo de “expertos”, está muy bien; lo que me intriga es qué hacen allí un exsecretario general confederal de CCOO y un exministro de industria de un gobierno socialista, diseñando estrategias en beneficio del capital financiero.  

*El contenido de la propuesta del referido Grupo de Expertos y las citas textuales han sido tomadas del artículo firmado por Pablo Monje y publicado en Cinco Días y El País digital del día 22.04.13. http://cincodias.com/cincodias/2013/04/19/economia/1366401218_735794.html

Hablemos de organización

Un nuevo artículo de Francisco S. López Romito sobre la organización interna del PSOE:

El 38 Congreso del PSOE postergó las necesarias decisiones sobre Organización a una Conferencia que, por fin, se anuncia para este año. También he leído en la prensa que la Comisión Ejecutiva Federal tiene la intención de pasar un cuestionario a todas las instancias organizativas del Partido.

La idea de que la reforma estructural del partido es tan importante como la redefinición del proyecto y la renovación de su equipo dirigente, es ampliamente aceptada. Estoy de acuerdo, pues entiendo que donde se miden las voluntades y se hacen realidad los discursos, es en el plano de la organización y el consecuente funcionamiento de acuerdo con los cánones de conducta derivados de aquella.

Pero tengo la sensación, por las propuestas que he leído o escuchado, hasta ahora, en esta materia, que sería bueno avanzar en el grado de concreción, pues se corre el riesgo de que no sean ni muchas ni tan importantes las innovaciones que se introduzcan.

Por eso invito a leer y, llegado el caso, considerar las siguientes propuestas:

1. Incorporación: mantener las dos categorías de Afiliado y Simpatizante. Facilitar el trámite de afiliación por internet, dando el alta inmediata a quién consigne sus datos personales y el Nº de cuenta bancaria. El sistema informático del Partido los reasignará a la estructura correspondiente (territorial o sectorial) que, a posteriori, debería cursar las objeciones que pudiese comprobar para su rechazo. Lo mismo para Simpatizante, sin necesidad de la cuenta bancaria. Por supuesto los derechos y obligaciones de los simpatizantes deben quedar fijados estatutariamente. Es imprescindible que quienes puedan participar en elecciones primarias para candidatos electorales deban, previamente, estar dados de alta en el registro correspondiente. En la política democrática el anonimato no cuela.
2. Jubilación y prejubilación – Incompatibilidad de cargos: junto los dos temas porque los considero íntimamente relacionados: No soy partidario de establecer criterios de jubilación para nadie. Primero, porque no hay criterios disponibles para ello, ¿el tiempo, la edad, la pérdida de la voz, el envejecimiento físico, haber jugado en las ligas de décadas anteriores?
3. Limitación de mandatos: parece razonable diferenciar entre orgánicos y electorales. En los orgánicos, comparto la limitación a dos mandatos, eso equivale según los tiempos congresuales, a ocho años. Pero para que cada ocho años no deba producirse un cambio total de personas, debería exigirse que, en cualquier caso, los nuevos equipos  tengan, como mínimo, un treinta por ciento de recién elegidos. No debería impedirse que pasado un mandato se pudiese  volver a los puestos anteriores. En los electivos, no creo que la limitación de mandatos sea conveniente pues se podría hurtar a los ciudadanos la facultad de elegir como su representante a quién ellos prefieran. La modificación del sistema de elección interna de las candidaturas puede aportar un salto de calidad democrática en este sentido.
4. Elección de cargos orgánicos: No comparto la opinión de  aquellos que, apoyándose en el  concepto bersteiniano dela pertenencia del Partido a los trabajadores o a los ciudadanos, se de participación en la elección de cargos orgánicos a quienes no sean afiliados. El Partido se sustenta en la voluntad de aquellos que asumen un compromiso explícito con la organización y la responsabilidad de sus actos. Dicho esto, parece conveniente recuperar la elección, en los Congresos, de Ejecutivas completas, incluido el número uno de la lista. En caso de presentación de listas alternativas, aquella que no resultara mayoritaria pero superase un cierto porcentaje de votos, obtendría un número de puestos de la Ejecutiva resultante. Esto obligaría a practicar la integración plural y facilitaría el proceso de “negociación” de las listas para su presentación. En los ámbitos menores (Agrupaciones territoriales o sectoriales) el mismo sistema pero con voto directo de los afiliados. Este sistema facilitaría la práctica de listas cerradas pero no bloqueadas, donde los votantes pueden modificar el orden mediante la señal de refuerzo positivo en, por ejemplo, un tercio de los integrantes de la lista. Para la elección de miembros de órganos deliberativos (Comités Regionales, Congresos, etc.) sólo sería necesario introducir la señal de refuerzo positivo.
5. Elección de candidatos electorales: Aquí la intervención de no afiliados (simpatizantes registrados) en las llamadas primarias, pueden jugar un papel de apertura a los ciudadanos que aportaría, además, la posibilidad de ajustar mejor la lista del Partido a las preferencias de los electores en las respectivas circunscripciones. Pero ¿por qué limitarla al cabeza de lista? Si realmente se pretende evitar el enchufismo y las componendas de grupos, puede perfectamente aplicarse el mismo sistema descripto en el punto 4. Es llegada la hora de quebrar la tendencia al liderazgo plebiscitario y al presidencialismo autocrático que conduce a la desvalorización del parlamentarismo y, como ya se ve en algunos países de Europa, al más claro populismo.
6. Estructura del Partido: Primero, los tímidos intentos de combinar una estructura territorial con una sectorial, han fracasado porque no se le ha dado, a esta última, voto y participación proporcional en los órganos deliberativos (Congresos, Comités Federal y  Regional, etc.). Nunca habrá militancia creíble en las estructuras sectoriales mientras se obligue a los afiliados a pasar por las territoriales donde los esperan los tradicionales administradores de votos. Por otra parte, se ha obstruido la amplitud posible de la estructura sectorial  limitándola a dos o tres formaciones sin recursos propios ni diseño estructural y engarce con la organización territorial.

Por último, porque  no estoy de acuerdo con  que  la política deba ser una vocación temporal a la que un ciudadano sólo deba dedicarse durante un tiempo, considero que la política es una obligación social del ciudadano y eso excluye la jubilación. El discurso contra los “políticos  profesionales” va en contra de la política que los socialistas defendemos para el avance de la sociedad.

Primero: Incompatibilidades: El Partido puede establecer incompatibilidades más estrictas que las legales, mientras estas no se modifican. En ese caso podrían establecerse procedimientos “preventivos”; es decir, si se ocupa un cargo, por ejemplo Concejal o Alcalde y se figura en una lista para Diputado o Senador, la persona implicada debiera dejar, por escrito, su compromiso de abandonar el cargo ocupado en caso de salir electo para el nuevo. Su incumplimiento daría paso a su expulsión del Partido. La incompatibilidad entre cargos electos o de gobierno con los puestos  ejecutivos del Partido  tiene una mayor complejidad. Es verdad que parece que la tradición partidaria de la falta de autonomía o subordinación de la organización al gobierno se ha mostrado  negativa. Pero también hay ejemplos de enfrentamientos entre ambas instancias realmente desastrosos. Sería preferible ir cambiando la práctica actual y, para ello, si se avanza en una mayor y más efectiva participación de las bases e incluso de los simpatizantes y se logra una mayor relación con las organizaciones sociales, podría superarse  la situación heredada.

Segundo: Es un tema reincidente el de que el Partido debe arbitrar espacios atractivos para la participación de afiliados, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Vivimos desde hace ya bastante en dos realidades que se interpenetran cotidianamente, la real y la virtual. En ambas deben crearse los ámbitos más adecuados de atracción, participación y visualización del Partido. En ambos casos, no se puede permanecer pasivos o sujetos a improvisaciones ciclotímicas. Es decisivo crear espacios con volumen o masa crítica suficiente para tener impacto en el territorio ciudadano en que se actúe (por ejemplo, una ciudad del tamaño de Madrid debe disponer, no sólo por criterios de ejercicio democrático interno, de una Agrupación de la Ciudad que le permitiría contar con un centro físico de actividades permanentes y atractivas para la ciudadanía. Es evidente que la estructura territorial de base (las actuales Agrupaciones) ven orientada su actividad natural y prioritaria a la política municipal. Mal han podido hasta ahora y peor se avizora el futuro para tener incidencia en los llamados ámbitos sectoriales, que no son otros que tantos como problemas y aspiraciones de índole particulares (sanidad, cultura, educación, economía, transportes, función pública, etc.) afectan a las gentes.

Tercero; se impone contar con un Plan Integral Digital con un diseño racional y una asignación coherente de ámbitos de gestión que combine la máxima participación con las correspondientes responsabilidades de gestión. Es necesario desarrollar un bosque de redes, foros,  etc., que supere la jungla de iniciativas voluntaristas y artesanales actualmente existentes.

Estructura del Estado y ejercicio de la soberanía popular

Un artículo de Francisco S. López Romito referente a los debates sobre las necesarias reformas sobre la estructura del Estado publicada en Fabian@shoy hace unos días:

Es notoria la insatisfacción en buena parte de la ciudadanía acerca del funcionamiento de nuestro sistema político, al tiempo que es indudable el hecho de que el proyecto constitucional de construcción de un Estado Autonómico se ha cumplido.

La estructura del estado y el conjunto de las instituciones en que se sustenta dan expresión a la soberanía nacional, al tiempo que define los ámbitos del ejercicio de la soberanía popular que se concreta por medio del sistema electoral, los partidos políticos y determinadas instancias de participación directa de los ciudadanos. (Se que estoy simplificando, pido disculpas por tratar de constreñirme a la necesaria síntesis de un artículo).

A esta altura de los acontecimientos está claro que el conjunto de las organizaciones políticas y movimientos ciudadanos reconocen esa insatisfacción pero no coinciden en el calado y la orientación de las posibles soluciones. En política, los problemas no resueltos a tiempo devienen en crisis, en esas estamos, y los Partidos Políticos tienen la obligación de ofrecer a la ciudadanía su propuesta para que el ejercicio de la voluntad general sea posible. Entre los corifeos de la recentralización y los profetas de la dispersión, entiendo que los socialistas debemos ofrecer la nuestra, sin autocensurarnos ante las dificultades de la previsible búsqueda de consensos para la posterior reforma constitucional o de normas legales de menor rango.

Hacia el Estado Federal

Parece obvia la necesidad de recoger en la Constitución el resultado del proyecto autonómico, incorporando en el texto (art. 137 CE) a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas. Todas ellas pasarían a formar parte de la Constitución como instituciones indisolubles de la estructura del Estado Español. Así estarán todas las que son, ninguna más y ninguna menos.

A nadie se le ocultan las dificultades terminológicas para definir el modelo de Estado o el nombre de comunidades, nacionalidades  o naciones. Lo claro debe ser el sentido Federal de la propuesta, basada en los principios de solidaridad, cooperación y clarificación de competencias, ámbitos de autogobierno o delegación, si prefieren, de soberanía.

Es evidente que las mayores dificultades se presentarán en el sistema de Financiación, porque se hereda una distorsión cuál es el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales y alguna Comunidad manifiesta su rechazo al “café para todos”. Por otra parte el problema derivado de la financiación del régimen local, con la práctica de solapamiento de prestación de servicios – las llamadas competencias impropias – y  la acción perturbadora de las Diputaciones Provinciales (art. 141 CE), todo ello, a contracorriente de la descentralización autonómica o federal del Estado.

Entiendo correcto insistir en la propuesta de reducción drástica del papel de las actuales Diputaciones Provinciales sin necesidad de la reforma constitucional, pero quedando claro el objetivo de su sustitución por la asociación de los ayuntamientos en la prestación mancomunada de servicios, en la perspectiva de un proceso de agregación voluntaria en unidades municipales de mayor tamaño. Era lógica la permanencia de las Diputaciones, instituciones necesarias en un Estado fuertemente centralizado, cuando no se sabía cuál sería el retrato de familia final del proyecto; hoy con la asunción de competencias por la CCAA y el despliegue de estas administraciones en sus territorios, aquellas son simplemente un estorbo que, en el mejor de los casos, son un foco de atracción política clientelar.

Por último, hay dos instrumentos intergubernamentales creados por gobiernos socialistas que han demostrado su potencialidad para llevar a cabo y escenificar la necesaria cooperación y  discusión y elaboración conjunta de decisiones entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autonómicos, como son la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales que merecen una institucionalización normalizada.

“El Senado es la cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE)

…Y como los padres de la Constitución del 78 no sabían como se estructurarían los territorios, echaron mano de las Provincias. Nadie puede negar que el espíritu del punto uno, en la actualidad, se ve contrastado por los cuatro siguientes, en la medida que el resultado se aleja de todo criterio de proporcionalidad y equilibrio en la representación de las diferentes CCAA.

Veamos unos ejemplos:

Castilla León con 9 provincias y 2.491.420 habitantes cuenta en el Senado con 39 senadores: 36 elegidos por voto directo y 3 por designación indirecta, dos de los cuales en función de la población.

Madrid con 1 provincia y 6.489.680 habitantes cuenta en el Senado con 11 senadores: 4 elegidos por voto directo y 7 por designación indirecta, seis de los cuales en función de la población.

Cataluña con 4 provincias y 7.442.420 habitantes cuenta con 24 senadores: 16 elegidos por voto directo y 8 por designación indirecta, de los cuales siete en función de la población.

Esto echa por tierra toda posibilidad de que el Senado pueda funcionar como ámbito natural de expresión de la voluntad democrática y de los intereses de los ciudadanos organizados  en entidades autonómicas o federadas, de un Estado que se constituye sobre la base del reconocimiento de su pluralidad territorial. Pluralidad que, a partir de 1978, dejó de estar representada por la Provincia, lo que me hace pensar que los puntos 2,3,4 y 5 del Art. 69 debieron llevarse a las Disposiciones Transitorias de la CE.

En consecuencia, con su decorativo papel de cámara de segunda lectura y sus 266 senadores, el Senado puede calificarse como un cero a la izquierda. Lo más preocupante es que en un Estado descentralizado debe tener un protagonismo de primer orden como órgano legislativo que, en el caso de la República Federal Alemana, es el “encargado de aprobar, rechazar o sancionar leyes federales que afecten a las competencias de los Estados Federados”.

Si estamos de acuerdo con la necesidad de su reforma conviene saber que existen diversos modelos.

El de representación igualitaria por unidad federativa: EEUU 100 Senadores, 2 por Estado, Brasil 81 Senadores, 3 por Estado y Argentina 72 Senadores, 3 por Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Senadores representan a los Estados o Provincias Federados y son elegidos por voto directo de los ciudadanos.

En el otro extremo estaría el Bundesrat de la República Federal Alemana, con 69 miembros y número diferente de senadores de los 19 Länder, en una horquilla de 3 a 7 representantes, desde menos de 2 millones de habitantes a más de 7 millones.  Los Senadores no son elegidos por voto directo  de los ciudadanos, sino por los Gobiernos regionales, lo que convierte al senado en una cámara de representación intergubernamental con facultades legislativas.

Nuestro Senado se inscribiría en una posición intermedia; considero que, a partir de la experiencia vivida, debería continuar. Por supuesto otorgándole facultades legislativas en materias concernientes a las competencias autonómico-federativas y convirtiendo a la Comunidad Autónoma (o como se llame) en circunscripción electoral.

Las dos formas de elección actuales, directa e indirecta, parece razonable mantenerlas pues combina la decisión  de la ciudadanía respecto de los candidatos que resultan más votados de forma nominal, con los designados por los parlamentos regionales en relación a la representación de los diferentes partidos en aquellos.

Pasar de los actuales 4 Senadores por Provincia al mismo número por Comunidad Autónoma (Ceuta  2 y Melilla 2)  y mantener el baremo para los designados de forma indirecta, daría un número razonable a la Cámara y un mejor equilibrio entre igualdad y proporcionalidad.

Veamos el ejemplo anterior:

Castilla León, 4+3= 7

Madrid, 4+7= 11

Cataluña, 4+ 8: 12

La Cámara quedaría conformada por 130 Senadores, 72 elegidos como ahora de forma directa  y nominal (listas abiertas). Dado el reducido número de candidatos por circunscripción,  los ciudadanos tienen la posibilidad de contar con un mayor conocimiento personal y político de aquellos.

La institucionalización de las Conferencias de Presidentes y Sectoriales deben entenderse como piezas complementarias del papel asignado al Senado.

¿Y qué del sistema electoral?

Si atendemos a las elecciones para representantes en el Congreso de Diputados, parlamentos autonómicos y ayuntamientos, estaremos de acuerdo en que el sistema electoral necesita cambios y que, si acertados, colaborarían con un mejor funcionamiento de los partidos políticos y del ejercicio de la democracia representativa en nuestro país. Pasa que, quizás, las cosas son un poco más complejas de lo que individualmente nos pudiese agradar.

Los procesos de elección de representantes empiezan en el momento de la elección de las candidaturas por las formaciones políticas y terminan con el voto de los ciudadanos, eso obliga a tratar el tema de forma conjunta.

La fortaleza de las direcciones partidarias se dirime no por el voto de los ciudadanos en las elecciones sino en el sistema de designación de los candidatos partidarios. En esto, hemos asistido a un proceso donde el PSOE y otras formaciones,  han ido introduciendo fórmulas que, como en el tema de la igualdad de género se han trasladado a la conformación de todas las listas electorales. Otro tanto ha sido la elección del cabeza de lista por elecciones primarias, en las que el PSOE parece apostar por abrirlas a simpatizantes no afiliados. Por último, las limitaciones a la acumulación de cargos u otras medidas tendentes a dificultar el acaparamiento de poder interno y externo. Sabemos que el PP, en todo eso viene muy a remolque, lo suyo es el dedo y la libretita azul, pero es de esperar que sus propios votantes los irán empujando hacia prácticas más democráticas. En cualquier caso sería recomendable procurar el traslado de esas prácticas a las normas reguladoras de los Partidos Políticos.

¿Por qué no introducir la forma de listas cerradas pero no bloqueadas para que primero los afiliados y los electores después puedan en el futuro, una vez rodada esa práctica, alterar el orden de las listas expresando sus preferencias? La informática facilita enormemente la aplicación de estos procedimientos.

Desde hace tiempo IU viene señalando que el sistema electoral los perjudica por la distribución provincial de escaños, lo que beneficia, especialmente, a los partidos de ámbito autonómico. Esto es así y proponen un porcentaje de puestos elegidos en el ámbito nacional una vez superado un porcentaje mínimo de votos. Mas lo que parece a simple vista una solución y  no debiera existir reparo a ponerlo en marcha, no aseguraría el resultado esperado por IU. Los partidos nacionalistas y regionalistas podrían extender la práctica de coalición de las elecciones europeas a las generales, amortiguando el efecto de esa reforma.

De todos modos es un camino por el que se puede y debería transitarse. No parece que exista rechazo a mantener las circunscripciones provinciales, los electores se sienten  así más cercanos a sus representantes y optar por sistemas de distribución territorial de los diputados parecidos al alemán no creo que tuviese una buena acogida. Sin embargo, mantener un 20 o 25% del total de escaños elegibles proporcionalmente a los votos obtenidos por los Partidos que superen el 5% de los votos válidos emitidos, daría mayor proporcionalidad a la Cámara.

De mantenerse el número de 350 diputados, 280 se elegirían por provincias y 70 (20%) por circunscripción nacional, ello llevaría a un “encarecimiento” de los diputados elegidos en función de los habitantes de 190mil a 265 mil votos.

En las Comunidades Autónomas pluri-provinciales  sería aconsejable extender el sistema descripto para el Congreso de los Diputados.

No soy partidario de cambiar el sistema electoral para los Ayuntamientos, en el sentido de elección de Alcaldes separada de las listas para Concejales, ello comportaría un deslizamiento de nuestro sistema parlamentario hacia el presidencialismo, con las conocidas tentaciones hacia el personalismo populista y los inevitables conflictos de legitimidad entre Alcalde y el resto de miembros del Consistorio.

Sin embargo, es a nivel municipal donde se debería avanzar en la participación de los ciudadanos, personalmente y a través de organizaciones ciudadanas, tanto en la elaboración de presupuestos participativos como en la colaboración y control de la gestión en comisiones sectoriales, de distritos y barriales.

Treinta y cuatro años de aplicación y desarrollo de las prescripciones constitucionales en una España irreconocible desde la perspectiva de 1978, obligan a actualizar los pilares sobre los cuales se construir los años venideros.